El Ministerio de Hacienda abandona la entidad tripartita una vez traspasada la deuda millonaria de la edición de 2007 por el pacto Sánchez-Puig para los Presupuestos de 2021
 El Gobierno central saldrá 15 años después del consorcio tripartito que se creó para desarrollar y gestionar todas las obras y servicios relacionados con la regata de la America's Cup que Valencia albergó por primera vez en 2007. El organismo, que ahora se encarga de la explotación y conservación de la Marina, el espacio ganado al puerto de Valencia con motivo de la competición, celebró este martes un consejo rector en el que la representante del Ministerio de Hacienda expuso las razones por las que la Administración General del Estado ejercerá el próximo 1 de noviembre su derecho de separación.

El principal motivo de la salida es que, una vez asumida por el Gobierno por la vía presupuestaria la deuda de algo más de 330 millones de euros que el Consorcio Valencia 2007 tenía con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), su presencia no tenía sentido en una institución dedicada a poner en valor un espacio de ámbito municipal. Esos fondos sirvieron para financiar las obras de transformación del tramo terrestre de la fachada portuaria anexa a la trama urbana y de la dársena interior, convertida en base de las embarcaciones de la regata. Hoy en día, sirve de puerto deportivo y espacio de abrigo de barcos de recreo.
 El consorcio genera ingresos a través del alquiler de espacios, como las bases que ocupan empresas emprendedoras, y del cobro de cánones de concesiones, como el de los terrenos cedidos al dueño de Mercadona, Juan Roig, para el complejo Marina de Empresas. Pero esos recursos recurrentes han resultado siempre insuficientes para afrontar el crédito del ICO. El año pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Ximo Puig, junto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acordaron traspasar a los PGE la deuda pendiente y liberar el balance del consorcio. Las instituciones valencianas siempre han esgrimido que el Estado afrontó también la factura pública de otros grandes acontecimientos deportivos, como los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o la Exposición Universal de Sevilla.

La asunción del préstamo del ICO no hace desaparecer toda la deuda. Ahora, las tres patas del organismo (Generalitat y ayuntamiento se quedarán como accionistas únicos) deben hacer frente en los próximos dos años en su parte alícuota al derivado de 54 millones pendiente de pago al fondo luxemburgués TCA ECDFII Investment, que compró un crédito de Banco Santander. El Ministerio de Hacienda todavía tiene que pagar 24 millones (12 más 12) de esta cantidad.
 Esta reorganización social del consorcio, que podría completarse con la próxima entrada de la Autoridad Portuaria de Valencia, también acreedora y dueña de la lámina de agua de la dársena interior, se produce en el contexto de la candidatura frustrada para una nueva edición de la America's Cup en 2024. El Club Náutico de Valencia ha intentado en vano reunir la financiación exigida por el Emirates Team New Zealand, el equipo ganador de la última competición, que tiene derecho a elegir el emplazamiento y algunas de las normas del Trofeo de las Cien Guineas. Los neozelandeses, que no han llegado a un acuerdo con su Gobierno para repetir en Auckland, han abierto un proceso de búsqueda de ciudad marítima dispuesta a albergar las regatas.

Los promotores de la propuesta valenciana aseguraban contar con recursos privados, pero fiaban el grueso de la aportación financiera al canon exigido por los 'kiwis' al respaldo económico de Generalitat y Ayuntamiento de Valencia. Las dos instituciones se han mostrado dispuestas a aportar infraestructuras y apoyo administrativo, pero no a pagar la factura de la regata. Fuente