Apenas un puñado de votos que se pueden contar con los dedos de las manos, han garantizado que Bruselas mantenga abierta la investigación sobre los abusos a menores tutelados por la Generalitat Valenciana.

El PP quiere que se incluya en dicha investigación los abusos sexuales de menores tutelados por la Generalitat Valenciana. En concreto, por la consejería de Mónica Oltra

El presidente del PP, Pablo Casado, acusó a Oltra y a su consejería de «entorpecer» las investigaciones relacionadas con los casos de abusos a menores

Compromís acusó a María José Catalá (PP) de “poca calidad humana y política” por “tergiversar y manipular” esas cifras

El Defensor del Pueblo valenciano informa de 175 casos de menores que han sufrido abusos sexuales bajo la tutela de la Generalitat Valenciana, tras una denuncia del PP, según informa El Español. El defensor del pueblo autonómico detalla la lista de las víctimas entre 2020 y 2021, entre ellos siete casos de niños con menos de tres años.

Los datos han sido recopilados por el propio servicio de abusos en la infancia y adolescencia puesto en marcha por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la vicepresidenta Mónica Oltra.

Esta cifra se presenta dentro de un informe que investiga la existencia de protocolos para la prevención de estos casos en los centros de protección de menores que gestiona el Consell.

Las cifras del informe detallan que de estos casos registrados “127 estaban en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar”. De ese total, la gran mayoría son de sexo femenino, 72,6%.

El 9,7% de estos casos de abusos sexuales, prosigue el informe, “se produjeron en el interior del centro residencial”. Y la gran mayoría de ellos, el 42,2 % sucedieron “en el domicilio familiar de la víctima”.

El Síndic describe el perfil del agresor e indica que el 57,7 % eran mayores de edad mientras que no se sabe este dato en 26 de los casos registrados entre junio de 2020 y junio de 2021.

El documento elaborado por el defensor del pueblo valenciano especifica sobre el perfil de los agresores que en ellos no hay “ningún profesional de centro de protección o socio educativo”.

Sí señala que el 50,2 % de quienes cometen estos presuntos delitos mantenían una relación de parentesco con la víctima y que en esos 26 casos citados se desconoce.

El marido de Oltra fue condenado por abusos a una menor tutelada

En septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ratificó la condena de cinco años de prisión al ex marido de la vicepresidenta Mónica Oltra, Luis Ramírez, por abusos sexuales a una menor tutelada que residía en el centro donde trabajaba como educador social.

La Sala de lo Civil y lo Penal mantuvo la pena impuesta por la Audiencia de Valéncia, que celebró dos juicios contra el educador para incluir nuevos informes periciales, entre ellos “un singular expediente o peculiar instrucción paralela”, en palabras de los magistrados, realizada por la Conselleria de Igualdad, de la cual titular la ex mujer del condenado.
En su recurso, Ramírez aludía a la falta de imparcialidad del tribunal -fue el mismo en las dos causas-, en la ausencia de credibilidad del testimonio de la víctima, y en la inapropiada valoración de los informes periciales presentados y que, junto a la declaración de la menor, constituyeron la base de la condena.
El TSJ desmonta todas las argumentaciones del recurso, ve la sentencia de la Audiencia “totalmente correcta” tanto por lo que se refiere a la valoración de la prueba como con las consecuencias de índole jurídico que liga a los hechos previamente aceptados como probados. Ni siquiera atiende el hecho de que el educador, en libertad provisional, haya abonado a la víctima la indemnización por responsabilidad civil de 6.000 euros, para lo cual ha tenido que pedir un crédito, según recoge la sentencia.
Entre los años 2016 y 2017, la víctima sufrió con 15 años el “abuso sexual continuado” de Ramírez, que entre dos y diez veces acudió a la habitación donde ella era aislada por castigo. “Teniendo dificultad para conciliar el sueño por sus miedos, reclamaba la presencia del educador e incluso le pedía que le hiciera una masaje pues confiaba en el mismo, procediendo él a masajearle en la zona del cuello y la espalda. Una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación”, relata la sentencia como hechos probados. De hecho, reitera que la práctica de que un educador masejee a los menores es “totalmente inusual”.
La joven, que ya es mayor de edad, reclama una indemnización a la Administración porque la Conselleria de Igualdad nunca creyó su testimonio y, además, se ha iniciado un proceso penal para determinar si hubo relación directa de vicepresidenta Mónica Oltra y la actuación de su departamento. Fuente

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