Ángel Luna, el defensor del pueblo valenciano, una figura que en esta Comunidad es conocida como Síndic de Greuges, ha cerrado la queja presentada por la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Valéncia, María José Catalá para investigar el incremento de inseguridad ciudadana en varios barrios de esa ciudad como consecuencia de «robos, reyertas y práctica de botellón» sin que su resolución haya sido aceptada por el Consistorio, cuyo alcalde es Joan Ribó, Compromís, y sin que el citado ayuntamiento haya facilitado al Síndic la información «que requería sobre varias cuestiones», relacionadas con las pesquisas efectuadas.

Así, lo hace constar el propio defensor en su resolución. de cierre sobre la citada queja, en la que advierte, además, que «en estos casos», en referencia al Ayuntamiento de Valéncia, cuyo alcalde es Joan Ribó, la ley que regula las facultades específicas de la institución «nos encarga hacer público el incumplimiento de nuestras recomendaciones por parte de la Administración».

En una demoledora resolución, el defensor manifiesta abiertamente todas las trabas halladas en su investigación, en la que el Ayuntamiento cuyo alcalde es Joan Ribó no concreta el número de efectivos que serían necesarios para atender eficazmente el servicio. Tampoco, detalla medidas concretas para combatir el botellón, ni para agilizar los procesos de selección de los años 2018 y 2019, ni para impulsar las bases y la oferta de empleo público de 2021 ni se informa «nada» sobre los acuerdos adoptados para lograr la aprobación y entrada en vigor de la Ordenanza de Convivencia y Civismo en espacio público.

La citada queja fue promovida por María José Catalá el 9 de noviembre del pasado año 2021. Y resuelta por el defensor valenciano el 19 de enero de este año, 2022. En su resolución de cierre, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el defensor hace constar que procede finiquitar el expediente de acuerdo con la ley sin que su resolución «haya sido aceptada por el Ayuntamiento de Valéncia» y sostiene, además, que «en los 3 informes remitidos por dicho ayuntamiento en respuesta a la referida resolución» que tuvieron entrada en la institución los días 3 y 22 de febrero y 2 de marzo, «no se ha facilitado la información que se requería».

En concreto, el defensor señala que en la respuesta a su petición acerca del informe de la unidad de la Policía Local UCOS-noche sobre los recursos humanos que necesitaría para atender eficazmente el servicio y afrontar el incremento de la inseguridad en los barrios de Valéncia, el Ayuntamiento, en su respuesta, no concreta «ni siquiera de forma aproximada» el «número de efectivos que serían necesarios».

En cuanto a las medidas adoptadas para luchar contra práctica del botellón en la Valéncia de Ribó, el Defensor sostiene que el Ayuntamiento de Valéncia le responde que «las propuestas de organización y mejora de los servicios del cuerpo de Policía Local corresponden a la Jefatura», pero no detalla «ninguna medida concreta de mejora o de refuerzo que se haya adoptado recientemente para evitar el aumento del consumo de alcohol en la vía pública».

En lo referente al detalle del estado de tramitación en que se encuentra el proceso selectivo correspondiente a 234 plazas de Policía Local de los años 2018 y 2019, el Síndic dice que se le responde que «las 234 plazas acumuladas en la convocatoria se encuentra en trámite». Por tanto, «no se concreta ninguna medida para agilizar el nombramiento e incorporación de los aspirantes».

El defensor hace constar que también solicitó informe acerca de los motivos que impiden la aprobación de las bases de las plazas de Policía Local de la Oferta Pública de Empleo de 2020 y la aprobación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2021. Sin embargo, desde el Ayuntamiento valenciano sólo se le respondió que «la Oferta de Empleo Público de 2020 está integrada por 56 plazas, de las que se encuentran pendiente de estudio y elaboración de las bases de dicha convocatoria. Y respecto a las plazas de agentes que integren la oferta de 2021, se encuentra en estudio y en elaboración, previa negociación y aprobación de la misma». Sin embargo, no se concreta ninguna medida para impulsar la aprobación de las bases y de la oferta de 2021, dice el Síndic.

Por último, el defensor sostiene que desde el Ayuntamiento de Valéncia «no se informa nada» sobre los acuerdos adoptados para lograr la aprobación y entrada en vigor de la Ordenanza de Convivencia y Civismo en espacio público. Por todo ello, el defensor manifiesta, llegados a este punto, la «imposibilidad de continuar actuando» para alcanzar «de manera efectiva la satisfacción de los derechos reclamados» por la promotora de la queja y procede al cierre de la misma con las advertencias mencionadas. Fuente