Pero la candidatura de 2023 estará condicionada por el procedimiento
Dos calendarios, dos tiempos y dos ritmos completamente distintos. Aunque estén mucho más ligadas de lo que formalmente se pretende aparentar, la política y la Justicia suelen caminar a velocidades diferentes. Esa distancia podría ser clave en el caso del futuro institucional de la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, incluso antes de conocer si resulta exonerada o procesada por la gestión de su Conselleria de Igualdad tras la denuncia presentada por la víctima de su exmarido, condenado a cinco años por abusos sexuales a la espera de un recurso en el Tribunal Supremo.

Oltra está pendiente de conocer si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la cita a declarar en su condición de diputada autonómica aforada, después de que el juzgado de instrucción que lleva el caso haya elevado una exposición razonada pidiendo su citación para conocer su participación en la gestión administrativa del expediente de la entonces adolescente, hoy ya mayor de edad, cuya tutela dependía de la Generalitat.

La veterana política de Compromís ya ha señalado que no tiene intención de dimitir, aunque el TSJ la cite como investigada. Pese a que el instructor sostiene en su exposición razonada que hay indicios para ser investigada, Oltra defiende su inocencia y atribuye el procedimiento judicial a una "cacería política" impulsada por la ultraderecha (el líder de España 2000, José Luis Roberto, asesora a la víctima y Vox ejerce la acusación popular junto con la fundadora de este partido, Cristina Seguí, representada por el abogado del popular Francisco Camps).
 Sin embargo, existe la posibilidad que tanto Oltra como Compromís se vean forzados a tomar una decisión drástica antes de que se resuelva si la vicepresidenta de la Generalitat terminará sentada en un banquillo o se archive la causa. La coalición valencianista ha cerrado filas con su líder y ha dejado en sus manos la decisión sobre su situación política, es decir, resistir o dar un paso un lado, quizás abandonando sus cargos institucionales y refugiándose en su escaño parlamentario hasta que se resuelva el procedimiento. El problema es que si resulta investigada, los plazos de la Justicia podrían mantener abiertas todas las incógnitas procesales cuando Compromís tenga que despejar, en el arranque de la primavera de 2023, el nombre de su cabeza de lista a la Generalitat, en unas elecciones que el 'president' Ximo Puig planea hacer coincidir de nuevo con las municipales de mayo.

¿Optarán Oltra o Compromís por presentar una candidata a la Generalitat investigada por el TSJ aunque la vicepresidenta decida hasta entonces seguir en sus cargos? Hay antecedentes. Francisco Camps concurrió en 2011 imputado por el caso de los trajes, también por el TSJ, acompañado en la lista de otros cargos salpicados por el caso Gürtel. Dimitió después de haber ganado las elecciones, al ser procesado. La cuestión es si Compromís y el Botánic están en condiciones de asumir ese riesgo.

Nadie en la coalición quiere ver caer al que ha sido su mejor activo político. Incluso se tiene la opinión de que si todo queda en nada podría emerger "como un cohete". Pero en las filas de la pata mayoritaria que representan los nacionalistas de Més-Compromís ya ha comenzado a surgir el nombre del diputado en el Congreso, Joan Baldoví, como posible 'plan b' para salvar los muebles si Oltra se ve forzada a renunciar. El recambio podría verse acelerado si resultase procesada, algo que con los plazos judiciales que se manejan podría no ocurrir antes de acabar el año.

 El propio Baldoví ha asumido que tendría que dar el paso si Oltra cae. En el caso de que la causa se archivase entre las autonómicas y las generales de noviembre, la salida de la actual número dos del Consell sería un cambio de papeles como cabeza de lista por Valencia a las generales en una candidatura conjunta con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que por ahora ha tomado distancia de la crisis político-judicial que está viviendo la dirigente valenciana.

El cronograma judicial que condiciona ese calendario político es el siguiente: tras recibir la exposición razonada, el secretario de la Sala de lo Civil y lo Penal tiene que abrir un rollo judicial. El siguiente paso es designar un tribunal de tres magistrados que darán traslado a la Fiscalía de Valencia para que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la causa. El fiscal puede ser el mismo que ha participado durante las diligencias del juzgado de instrucción. Los tres jueces del TSJ también podrían ser los mismos que ya desestimaron una primera denuncia contra Oltra por ausencia de indicios: Carlos Climent, Antonio Ferrer y Vicente Torres. Si en esta ocasión admiten el procedimiento porque ven suficientes los indicios, algo que todavía no está decidido, Oltra pasará a tener automáticamente la condición de investigada y podrá ser citada a declarar.

¿Cuándo podría ocurrir esto? Es complicado saberlo, pero en círculos de Compromís han comenzado a asumir que esto no ocurría hasta bien entrado junio e incluso septiembre. Y eso si los jueces no deciden reiniciar la instrucción, tomando declaración de nuevo a todos los investigados o pidiendo nuevas diligencias, lo que retrasaría el proceso.

 De ser así, Oltra aterrizaría en pleno escenario preelectoral con la mancha de la imputación. Su situación, además, es distinta a la de Puig. El Partido Popular y Vox están atacando con fuerza al barón socialista por la causa abierta contra su hermano Francis por la justificación de subvenciones públicas.

Pero el informe elaborado por el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil sobre el empresario de la comunicación de Morella, tras dos años de investigación, no es concluyente. Sostiene incluso que las irregularidades detectadas en las facturas, aunque podrían ser indiciarias de falsedad, también pueden deberse "a posibles errores humanos o informáticos de mecanización". Ni siquiera es capaz de concluir que exista un delito de fraude en subvenciones. El fiscal ha pedido que sean los servicios de Intervención de la Generalitat de Cataluña y de Aragón los que lo determinen.

Tampoco cuestiona la gestión pública de las ayudas, por lo que, más allá del coste político y de las consideraciones éticas sobre si un familiar de un presidente autonómico puede o no beneficiarse de subvenciones públicas de su administración, es difícil que Puig pueda verse implicado judicialmente de forma directa.

Así que el reloj ha comenzado a correr en contra de Mónica Oltra. Cuanto más veloz sea la Justicia, antes se resolverá su situación. Pero también es probable que el procedimiento llegue vivo a la campaña de 2023. Es lo que firmarían PP y Vox.  Fuente