El pacto valenciano del Botánico, decían los socialistas, comunistas y nacionalistas de esta comunidad autónoma, era la garantía del escudo social: de servicios como el sanitario o el educativo. Pues bien, la comparativa en pleno covid entre el ‘hospital volante’ –el viento se llevaba las telas de las tiendas de campaña– y el Zendal madrileño dio la vuelta a las redes sociales dejando en evidencia las deficiencias hospitalarias del modelo sanitario de Ximo Puig. Y ahora, 12.000 profesores interinos con sus plazas sin asignar, han terminado de definir una fotografía un tanto inexplicable de su "escudo social" para la izquierda. Y es que socialistas y comunistas dejaron sin asignar 12.000 plazas de profesor en la Comunidad Valenciana que ha tenido que improvisar el nuevo gobierno del PP y Vox.

El dato ha sido desvelado por el nuevo consejero del área, José Antonio Rovira, que ha denunciado el desastre en el "proceso de adjudicación de plantillas docentes de este verano". El consejero recuerda que la Constitución recoge que la Administración Pública "sirve con objetividad los intereses generales". "Y eso es lo que ha faltado en la actuación del Gobierno del Botánico, que ha primado sus intereses personales por encima del interés general", aclara.

El titular de Educación, Universidades y Empleo se refiere así al boquete en la asignación de plazas plenamente necesarias en el sistema educativo –en los colegios– que "no pudo comenzar hasta el 2 de agosto" por el caos dejado por la izquierda en la designación de estas plazas. Se trata de las plazas de profesor interino y ascienden a nada menos que 12.000. "Generalmente el proceso de adjudicación de vacantes está concluido entre el 31 de julio y los primeros días de agosto. Curiosamente, este año el Gobierno del Botànic programó para entre el 27 y el 31 de julio la entrega de los listados de los opositores que habían aprobado. Por otro lado, el Ministerio remitió el listado del proceso de estabilización extraordinario el 1 de agosto. Era por tanto materialmente imposible empezar el proceso antes", explica Rovira.

"Además, nos encontramos con una situación verdaderamente anómala, en tanto que la consejera saliente, Raquel Tamarit, firmó el 10 de julio el cese de una serie de funcionarios públicos implicados directamente en el proceso de adjudicación de plazas, ceses que, en algunos casos se hicieron efectivos el 21 de julio y otros el día 31, el mismo día en que llegaron las notas de las oposiciones".

Rovira detalla cómo, tras las elecciones del 28M, el anterior Ejecutivo cesó a petición propia a 66 jefes de servicio, directores territoriales y subdirectores generales, de los cuales 27 trabajaban en la Consejería de Educación –los tres directores territoriales en Alicante, Castellón y Valencia, 15 jefes de servicio y 9 subdirecciones generales de las 13 existentes–. "Todos ellos con responsabilidad en mayor o menor medida en los procesos donde se han detectado los problemas", añade el actual consejero. "Solo como muestra de la diferente forma de entender el servicio público entre mi partido y el anterior Ejecutivo, decir que, en el mismo periodo transitorio de cambio de gobierno en el año 2015, el Gobierno saliente solo cesó a 9 altos funcionarios, y ninguno pertenecía a la Conselleria de Educación, al anteponer el derecho a la educación al interés partidista", señala.

El consejero destaca también los problemas detectados en el sistema informático, que no admitía datos de nuevos procesos de este año. Rovira explica que en años anteriores ya se había alertado de la necesidad de actualizar el sistema informático "y no se hizo nada".

Y no se trata de los únicos problemas. El caos llega al transporte escolar. Fuente