La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juzgado un detallado informe en el que refleja la operativa utilizada por el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, para retornar a España parte del dinero obtenido, supuestamente, de mordidas tras la adjudicación del servicio de las ITV y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. Tras el cobro de esas mordidas, el dinero viajó a Luxemburgo y Andorra y, al menos parte, volvió a España para ser blanqueado y dedicado a la compra de casas, terrenos, apartamentos, barcos o relojes, así como para la entrega en metálico. Zaplana fue detenido e imputado en 2018 por la presunta comisión de los delitos de blanqueo y cohecho en la operación conocida como caso Erial.

En total, según los datos de la investigación y de la Fiscalía Anticorrupción, Zaplana ocultó en el extranjero 20 millones procedentes de sobornos. Ahora, la UCO ha desvelado el destino de cerca de cuatro millones de euros procedentes, fundamentalmente, de una sociedad, Imison International, desde la que se desplegó una “amplia estructura societaria que habría tenido la finalidad de canalizar, ocultar y poner a disposición de sus beneficiarios finales estos fondos de supuesta procedencia delictiva”. Según señala la Guardia Civil en el informe adelantado por El Plural, el aspecto común de estas operaciones es “Eduardo Zaplana bien como beneficiario de los fondos o bienes, bien a través de la capacidad de administración que este tiene sobre los mismos”. El exministro utilizó en este entramado varios testaferros, pero, sobre todo, uno, Joaquín Barceló, exdirector de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, ubicada en Benidorm, de donde Zaplana fue alcalde. El que fue ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar hasta 2004 no aparece en ninguna de las sociedades que forman parte de la operativa, pero, además de otros indicios, en el momento de su detención se le incautó, en su maletín personal, un documento titulado “relato de Medlevante” en el que se describe parte del proceso de retorno de los fondos.
El informe sostiene que el destino final de ese dinero de procedencia supuestamente ilícita sirvió para que Zaplana adquiriera, por ejemplo, un inmueble en el barrio de Salamanca de Madrid por 1,6 millones de euros. No es Zaplana el que figura como comprador sino Barceló, pero, según declaró la empleada del hogar de la vivienda, el expresidente de la Generalitat era el único que lo utilizaba, al que accedía por el montacargas para intentar no ser visto, y el que le contrató, al menos, durante un periodo de tiempo, ya que realizó parte de su trabajo en negro o contratada por el propio Barceló. En aquel piso se gastaron posteriormente, en reformas y equipamiento, más de 100.000 euros. De la misma sociedad interpuesta salieron dos pagos: uno a través de un cheque para la que fue secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez, y “un reintegro en efectivo” para el propio exministro, por 50.000 euros.

Un reloj, dos apartamentos en Altea y un barco fueron otros de los destinos del dinero que viajó desde Luxemburgo, Suiza y Andorra. Desde este último país la Fiscalía Anticorrupción logró recuperar siete millones de euros gestionados por Fernando Belhot, que actuaba presuntamente como testaferro de Zaplana, y que decidió colaborar con la justicia entregando de manera voluntaria esa cantidad.

Fuentes el entorno de Eduardo Zaplana han señalado, tras el nuevo informe de la Guardia Civil, que “no existe una evidencia directa de que el Sr. Zaplana participara en las transacciones objeto de investigación o fuera el titular de los activos localizados en extranjero”. Según las mismas, esto confirma “la certeza de lo manifestado por el señor Zaplana desde el inicio de la instrucción acerca de su absoluta falta de participación en la adjudicación de proyectos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana o de concesiones de ITV, y que ni tiene, ni ha tenido, activos o fondos fuera de España”. Fuente